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Ha pasado ya un año desde que el Tribunal Constitucional declaró contrario al principio constitucional de capacidad económica la tributación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en aquellos casos en los que no existe un verdadero incremento del valor en la transmisión. Pero es que el Tribunal en la sentencia fue más allá, y expulsó del ordenamiento «ex origine» los elementos esenciales del impuesto, por lo que le puso al legislador la labor de modificar dicho impuesto a las exigencias que determinaba la sentencia del TC.



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