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El Tribunal Económico Administrativo Central, en su Resolución de 19 de abril de 2022 (RG 792/2020), modifica su criterio anterior en virtud del cual consideró que cuando un obligado tributario presentaba una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento tras habérsele denegado una previa solicitud de suspensión con aportación de otras garantías, debía entenderse que aquélla se había presentado en período ejecutivo, pudiendo así exigirse la deuda en vía de apremio. Por el contrario, mantiene ahora que dicha solicitud de aplazamiento planteada de acuerdo con lo establecido en el artículo 42.2 del Reglamento General de Revisión en Vía Administrativa, dentro del plazo del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria —abierto con la notificación de un acuerdo de denegación de solicitud de suspensión y dentro del período voluntario de ingreso de la deuda—, impide el inicio del período ejecutivo.



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