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Recientemente se presentó la “Proposición de Ley Orgánica de igualdad social de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, de protección de la realidad trans y de no discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales”[1], en cuyo artículo 57.4 se indica lo siguiente: “La orientación sexual, la identidad o expresión de género y las características sexuales tendrán la consideración de datos especialmente protegidos de acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal”. Este párrafo arroja la duda sobre la posibilidad de que el legislador de un Estado Miembro de la Unión Europea esté legitimado, a la luz de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos[2] (en adelante, “RGPD”), no solo de concretar las denominadas categorías especiales de datos de su artículo 9, sino de ampliar el espectro de datos considerados como tal. El presente artículo tiene por objeto analizar esta cuestión suscitada y sus implicaciones, considerando la normativa internacional que resulta de aplicación en materia de protección de datos.



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