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En caso de violación de seguridad de los datos personales, cuando sea probable que la incidencia pueda suponer un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”) impone a los responsables del tratamiento la obligación de notificar la brecha, por un lado, a la autoridad de control competente y, cuando ese riesgo sea alto, a los interesados afectados.



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