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Nuestra Constitución precisa que las sentencias en nuestro país deben ser siempre motivadas. Esto viene indicado en su Artículo 120 punto tres. Teniendo en cuenta que nuestra Carta Magna es del año 1978 y la Ley del Tribunal del Jurado es de 1995, no es muy complicado de entender que haya sido muy necesaria la Jurisprudencia del Supremo para afinar esta cuestión. Por lo que recoge nuestra Constitución el Jurado no puede exponer simplemente la inocencia o culpabilidad del acusado. Están obligados a fundamentar su decisión. 



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