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1º cada vez hay más delitos vinculados a la tutela sexual del menor, de su libertad, de su indemnidad, del correcto proceso de formación de su sexualidad, tal y como se defina el bien a proteger por estos delitos, en lo que ahora no se puede profundizar aquí: delitos como el de contacto tecnológico con menores (child grooming) o de embaucamiento para la obtención de pornografía son recientes (2010 y 2015) y adelantan la intervención penal a estadios previos a los de la agresión o el abuso y otros, como el de consumo de pornografía infantil, son difíciles de explicar desde la tutela de la sexualidad del “menor”;

2º la sensibilización del legislador (de los políticos) al respecto es elevada: la primera propuesta de reforma del Código Penal español de 1995 es precisamente en materia sexual, nada más producirse el cambio de gobierno en 1996 (con una proposición de ley en 1996 y un proyecto de ley en 1997 que son los que dan lugar al delito de corrupción de menores del art. 189.3 de la Ley Orgánica 11/1999); 3º el alcance de las conductas delictivas es cada vez más amplio: basta acudir al concepto de pornografía infantil que actualmente maneja el legislador, que permite acoger la pseudopornografía o la pornografía virtual en que no existe menor alguno; 4ª se eleva la edad del consentimiento que permite al menor participar en conductas de índole sexual hasta los, dependiendo de los delitos, 16 o 18 años; 5º se ha producido un incremento notable de las penas.



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