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El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos individuales está consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española y, en su virtud, no podrán sancionarse y castigarse como delitos, hechos que en el momento en que se cometieron no estaban tipificados como tales, y, en caso de estar tipificados como delitos y haber variado la pena, tendrá que aplicarse la pena  que sea más leve. Si realizamos una interpretación correcta del precepto, se debe entender que la Constitución garantiza la retroactividad de la ley penal favorable



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