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A diferencia de lo que sucede con los adultos, el menor tiene derecho a entrevistarse con su letrado antes de la declaración. Deben estar presentes aquéllos que ejerzan la patria potestad y en su defecto, el Ministerio Fiscal (distinto al que instruirá el expediente).

En un plazo de 24 horas, el menor deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. Tiene que estar custodiado en dependencias distintas a las de los adultos.



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