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Recientemente hemos oído en medios de comunicación que  en el curso de una investigación judicial, la policía había colocado micrófonos  en el despacho de un conocido político con la intención de grabar sus conversaciones. La finalidad de esta medida era encontrar pruebas que pudiesen acreditar su implicación en hechos directamente relacionados con delitos contra la administración pública o delitos de corrupción. La pregunta que nos hacemos es si España cuenta con la cobertura legal suficiente para desarrollar este tipo de investigación y que puede significar la utilización masiva de esta técnica policial–judicial para la persecución de la delincuencia y para el ciudadano



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