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Al igual que en su redacción anterior, el artículo 80 del Código Penal configura la suspensión de la ejecución de la pena como una facultad discrecional del juzgador, es decir, este beneficio no opera automáticamente siempre que se den los requisitos exigidos por la ley, sino que son los jueces y tribunales quienes, tras valorar las circunstancias del caso concreto, deciden sobre su aplicación.



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