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El objeto de este artículo es reflejar desde una perspectiva práctica la responsabilidad penal que ostentan las personas jurídicas (arts. 31 y siguientes del Código Penal). Para ello, resulta preciso tener claro que junto a las personas físicas (entre los que se incluyen los menores de entre 14 y 18 años desde el año 2000), las personas jurídicas también pueden tener la consideración de autores de un delito y, por ende, se les puede exigir responsabilidad penal desde la entrada en vigor de la LO 5/2010, de 22 de junio.



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