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La Ley Orgánica 2/2019 de 1 de marzo de reforma del CP sobre imprudencia en la conducción de vehículos de motor y ciclomotores y sanción del abandono del lugar del accidente,  sobre la que se dan pautas de interpretación  en el Dictamen enviado a los Fiscales Delegados de Seguridad Vial y de actuación en  el Oficio remitido a todas las Policías de Tráfico del país,  eleva la respuesta penal como es sabido en los casos de homicidios y lesiones imprudentes de tráfico en  los arts. 142 bis y 152 bis que pueden llegar en los casos de pluralidad de lesiones hasta 6 años y 9 meses de prisión y en los casos de homicidios a 9 años y es que no acaba de prender en la ciudadanía en el grado deseado, la idea de que el respeto a los preceptos sobre atención a la conducción, utilización del móvil, velocidad, consumo previo de drogas tóxicas o alcohol, vulneración de las normas de protección de colectivos vulnerables -peatones y ciclistas- y demás relevantes prescripciones, no sólo es trasunto de un comportamiento intolerante, sino que expresan y protegen bienes jurídicos tan significados como la vida e integridad física. Desde la pandemia las cifras de siniestralidad son superiores a la disminución de los flujos de tráfico.



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