La Fiscalía General del Estado ha abierto expediente en relación a la denuncia de la Unión Europea por las circunstancias procesales (jurídicas y policiales) que afectan a la instrucción del caso Kokorev, y por la perpetuación de la prisión preventiva ya durante 28 meses a Vladimir Kokorev, supuesto testaferro de Teodoro Obiang en España, que a sus 65 años y enfermo permanece recluido en la cárcel canaria de Juan Grande.

La institución, dirigida desde hace unos días por Julián Sánchez Melgar, señala que actuará en la gestión del expediente por presunta violación de derechos fundamentales, de acuerdo como le encomienda el artículo 124 de la Constitución Española, esto es, promoviendo “la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”, velando “por la independencia de los Tribunales” y procurando ante éstos “la satisfacción del interés social”.

La denuncia parte de un grupo de eurodiputados que se había dirigido por carta en su momento al fallecido José Manuel Maza, manifestando su rechazo por el proceso seguido en Las Palmas de Gran Canaria contra el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev y su familia. Liderados por el italiano Fulvio Martusciello, los europarlamentarios -cuya pelota se recoge en el tejado de la Fiscalía General del Estado- ponen en duda que en el caso del anciano empresario las autoridades judiciales en Canarias estén respetando la resolución del 5 de octubre de 2017 del Parlamento Europeo, en la que se establecen las mínimas condiciones bajo las que debe aplicarse y prorrogarse la prisión preventiva.

En términos muy duros, desde el Europarlamento se ha denunciado la decisión de la juez Ana Isabel de Vega de no decretar la libertad de Kokorev, a pesar de que la propia Audiencia Provincial de Las Palmas ha señalado que “no hay un horizonte a la vista para el juicio”; y de que, en todo caso, no habrá juicio de ninguna manera en los dos próximos años. Así, desde las instituciones europeas se preguntan: “¿cuál es el propósito del encarcelamiento si no es el de producir daño y sufrimiento adicional?”.

En planteamientos igualmente directos, el Parlamento Europeo ha denunciado que “tan flagrante desprecio de la presunción de inocencia de un ciudadano europeo es una afrenta a los valores de la Unión Europea, y es increíble que se puedan estar llevando a cabo en un Estado miembro”. Fulvio Martusciello, Bárbara Matera, Aldo Patriciello y Heinz Becker, entre otras autoridades europeas en materia de derechos humanos, habían mostrado su preocupación por el hecho de que “bajo el objetivo de una investigación, se están ignorando los principios más básicos que deben gobernar cualquier Estado de derecho, como el derecho a un juicio rápido (…) no es aceptable que en Europa se arrastre una investigación durante una década, y se sitúe a ciudadanos europeos entre rejas bajo el pretexto de que la instrucción es compleja, mientras hay en marcha un proceso prospectivo que se traduce en violaciones horribles de derechos humanos”.

En un reciente recurso de apelación ante la justicia canaria, las defensas de los Kokorev ponen de relieve en un extenso escrito que “no cabe la prisión provisional como método de investigación ni ningún otro fin más allá de los amparados por la norma e interpretados por la jurisprudencia; y concluyen que ni la juez de Vega, del Instrucción nº5 de Las Palmas, ni la Audiencia Provincial “están siendo respetuosos con los fines legítimos de la prisión provisional”.

La AP ha denegado la libertad sin fianza (la actual que debe afrontarse es de 600.000 euros) para el empresario hispano-ruso, alegando que el importe fijado es apropiado y puede ser pagado y que existen bienes idóneos para llevar a cabo tal pago, a pesar de que Vladimir Kokorev cumple ya tres meses siendo incapaz de reunir el importe establecido por la justicia. En este sentido, las defensas concluyen que los embargos a las propiedades de la familia ya ordenados por el juzgado “suponen una razón bastante para asegurar el proceso, puesto que los mismos [varios activos inmobiliarios en Madrid o Las Palmas] tienen una extensión mucho mayor a la fianza carcelaria exigida”.

Los abogados del supuesto testaferro de Obiang en España denuncian que en estas circunstancias, “una fianza impuesta imposible de ser satisfecha [en metálico] es el equivalente a la prisión incondicional”, y se convierte en “un obstáculo discriminatorio para el ejercicio del derecho a la libertad”, no siendo propiamente una medida cautelar sino teniendo carácter punitivo por su exceso y -como establece el Tribunal Constitucional- siendo “desproporcionada, irrazonable y arbitraria”.

Vladimir Kokorev tiene diagnosticadas, con conocimiento de los órganos judiciales, severas dolencias cardiacas, especialmente una cardiopatía isquémica, y presenta con frecuencia dolor torácico opresivo, disnea a moderados esfuerzos, ortopnea, mareos con sensación de inestabilidad, visión borrosa, tensión arterial elevada y debilidad con parestesias en hemicuerpo izquierdo.