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El artículo 25.2 de la Constitución Española (CE) inicia su redacción poniendo de manifiesto que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social …” y el  artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), igualmente comienza diciendo que: “Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad”



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