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Si bien es con la ley 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, cuando se reconoce por primera vez de forma expresa la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es con la reforma de la ley Orgánica 1/2015 cuando se regula de manera detallada dicha responsabilidad penal.  

En la última reforma, se configura el ya denominado de manera general como “compliance penal” como un instrumento eximente o atenuante de la responsabilidad penal de la persona jurídica, surgiendo una nueva polémica respecto de a quien corresponde probar su eficacia e idoneidad en un procedimiento penal.  



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