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Negarse a realizar la prueba de alcoholemia ante el requerimiento de un agente de la autoridad es constitutivo de un delito contra la seguridad vial en la modalidad de desobediencia, previsto en el artículo 383 del Código Penal, y castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotor por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.
 



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