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La reforma del Código Penal de 2015 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos por sus directivos y/o empleados bajo penas como la disolución empresarial, suspensión de la actividad o clausura de locales y establecimientos, además de la pena correspondiente para el autor del delito.

Como medida paliativa de la reforma de 2015, el Código Penal prevé la posibilidad de eximir o atenuar dicha responsabilidad cuando la empresa haya implementado un plan de prevención de delitos o plan de compliance de manera adecuada. Por esta razón resulta fundamental que la persona jurídica, independientemente de su dimensión, establezca y aplique procedimientos eficaces y adecuados a los potenciales riesgos que genera la concreta actividad de la empresa, de manera que los modelos de organización y gestión se deben adaptar a ella.



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