Ayer fue remitida al Consejo de Ministros el informe con el anteproyecto que reforzará las medidas contra el blanqueo. Se trata de adaptar la ley al marco europeo y cumplir con las novedades de la V Directiva de Blanqueo. Se añadirán como obligados a los que se aplicará la ley los que intermedien en alquileres de renta mensual superior a 10.000 euros, pero también a las plataformas de crowfunding.