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No pocas veces se nos presenta la situación en la que un cliente se encuentra forzado a consentir la entrada y registro en su propio domicilio, pero… ¿es siempre válida la entrada y registro en el mismo?, ¿en qué casos puede considerarse que ésta se ha realizado de forma irregular vulnerando así un derecho amparado por nuestra Constitución?

El artículo 18.2 de la Constitución Española recoge expresamente cuáles son los supuestos en los que el domicilio de una persona deja de ser inviolable. En primer lugar, nos encontramos con la existencia de una resolución judicial, en segundo lugar, con la flagrancia delictiva y, por último, con el consentimiento del titular. Ha sido la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo los que han ido perfilando su contenido y limitando su aplicación a los hechos concretos tal y como describimos a continuación.



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