Hace pocos meses, el Congreso de los Diputados iniciaba los trámites para revocar una de las reformas del Código Penal más duras de los últimos 20 años operada a través de la Ley 1/2015. En dicha reforma se incluyó la llamada prisión permanente revisable y desde entonces no pocas han sido las voces que se han alzado contra dicha reforma. Se pasaba de una condena máxima de 40 años a una situación de facto entendida como cadena perpetua revisable que podía mantener al penado en situación de privación de libertad de forma ininterrumpida si no cumplía una serie de requisitos para probar su reinserción y solicitar la revisión de la condena.

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