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El verdadero Plan de Medidas Antifraude del que debe partir todo ente público para prevenir los conflictos de intereses, el fraude, la corrupción y la doble financiación en su organización es una de las herramientas principales del public compliance. Esta rama del derecho, de corta vida, nace de la fusión del compliance en el sector privado, tras comprobar su éxito en millones de organizaciones, y la necesidad de cubrir dicha área en el sector público, con el objetivo de mejorar el cumplimiento normativo en la administración pública.



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