Nos enseña la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 2 de octubre de 2017, respecto a esta cuestión que “ en nuestra STS 1059/2012 de 27 de diciembre, recordábamos lo ya declarado en las STS 1300/2011 de 2 de Diciembre y recordando la de las STS de 17 de Febrero del 2011, y la 545/2010 de 15 de junio) haciéndonos eco en ellas de la doctrina del Tribunal Constitucional establecida en su Sentencia 198/1997 en la que se dijo: «el rechazo irregular de la prueba por el Órgano Jurisdiccional no determina necesariamente  la vulneración del derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y así, tal y como ha declarado la jurisprudencia constitucional, la relación de instrumentalidad existente entre el derecho a la prueba y la prohibición de indefensión hace que la constatación de una irregularidad procesal en materia probatoria no sea por sí sola suficiente para que la pretensión de amparo adquiera relevancia constitucional, pues para que así sea el defecto procesal ha de tener una inducción material concreta, por lo que si ésta no se ha producido, tampoco cabe apreciar la existencia de indefensión desde la perspectiva constitucional».”

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