El 13 de marzo de 2023 entró en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante, la “Ley”). El legislador español ha preferido el término “informante” al de “denunciante” empleado en la versión española de la Directiva.