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En el ordenamiento procesal penal español, a diferencia de lo que sucede en otros países (Francia, Italia y Alemania) la acción penal no está monopolizada por el Ministerio Fiscal. En España la acción penal es pública y su ejercicio está legalmente configurado como un deber para el Ministerio Fiscal y como un derecho para todos los ciudadanos.

En el proceso penal español pueden ejercer la acción penal, adquiriendo la condición de parte acusadora, el Ministerio Fiscal, la acusación popular, la acusación particular y el acusador privado. El Ministerio Fiscal es el órgano público al que la ley encomienda el ejercicio de la acción penal con carácter general y en nombre del Estado. El acusador particular es el ofendido o perjudicado por el delito (sea persona física o jurídica), que igualmente puede constituirse en parte acusadora. Además cualquier ciudadano español (incluidas las personas jurídicas, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional), a pesar de no ser ofendido o perjudicado por el delito, puede ejercitar la acción penal, constituyéndose en acusación popular previo cumplimiento de unos requisitos legales. Y, por último, el acusador privado es también perjudicado por el delito, pero en este caso es el único legitimado para ejercer la acción penal, porque el delito por el que se ha visto ofendido no afecta al interés común.



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