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El delito de impago de pensiones es el paradigma de delito de omisión pura, y requiere la concurrencia y acreditación fehaciente de los siguientes elementos:

a) la existencia previa de una resolución judicial, o convenio judicialmente aprobado, dictada en sede de separación o divorcio, proceso de filiación o de alimentos, en la cual se establezca una prestación económica a cargo de un cónyuge o progenitor en favor del otro cónyuge o de los hijos, convirtiendo a estos en acreedores frente a aquél que deviene deudor;



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