Las consecuencias de este tipo de acciones tienen un coste personal y económico elevado, y es que si un juez dictamina la culpabilidad de un delito fiscal, sus responsables pueden enfrentarse a una pena de prisión que puede oscilar entre uno y cinco años. Por ello en Díaz de Magdalena os animamos a que contéis con un buen equipo de profesionales del derecho que en primera instancia evite a la empresa o a la persona, llegar a una circunstancia de este tipo mediante un buen asesoramiento y gestión; y si hasta el momento no ha contado con los servicios de un departamento jurídico o el que tiene no le ofrece las garantías y la confianza que usted cree que puede tener, busque una buena defensa que le acompañe de cerca durante todo el proceso y vele por lograr un buen resultado.