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El delito de administración desleal persigue castigar a quienes se exceden en el ejercicio de sus facultades a la hora de administrar un patrimonio ajeno, causando perjuicio al mismo. Se entiende que quien perpetra tal delito tiene facultades para administrar ese patrimonio, en base a lo que es lícito, y siendo estas encomendadas por una autoridad o asumidas por un negocio jurídico. Así, el bien jurídico que se pretende proteger es el patrimonio, en un sentido dinámico, es decir, orientado hacia un futuro o a la búsqueda de un beneficio o ganancia.

Pese a que el de administración desleal es un delito patrimonial clásico, es capaz de lesionar el orden socioeconómico. En la ley, concretamente en el Código Penal, está recogido como delito societario, capítulo que engloba a un grupo de delitos en el que se castigan infidelidades y abusos de poder llevados a cabo por los administradores, y que acarrea perjuicio tanto para la propia sociedad como para sus socios, e incluso para terceros.



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