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La aprobación del Estatuto General de la Abogacía Española mediante el Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo ha equiparado al abogado de empresa con el resto de abogados en lo que se refiere a su libertad, independencia y secreto profesional, básicos para el ejercicio de la profesión. Esta regulación entraría en conflicto con el deber de denuncia de actos irregulares dentro una empresa en materia de Compliance Penal, si se entendiera que la obligación de informar al Compliance Officer no tiene excepciones.



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