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La previsión de los planes de prevención de riesgos legales y canal de denuncias choca con la escasa cultura de Compliance.

Las entidades de entre 50 y 250 trabajadores están obligados por la Unión Europea a implementar –antes de final de año– mecanismos para canalizar y controlar presuntas irregularidades internas y, por su parte, desde del pasado mes de septiembre España a través de una Circular del Ministerio de Hacienda ha puesto la condición de que los intermediarios en la ejecución de los fondos europeos tengan instrumentos de cumplimento normativo anti fraude implantados del más alto nivel de exigencia (debe entenderse incluyendo pues los riesgos penales, por supuesto).



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