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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia número 565/2018 de 19 de noviembre ha declarado respecto de esta cuestión que “la  intención  del  sujeto  activo  del  delito  es  un  hecho  de  conciencia,  un  hecho  subjetivo  precisado  de prueba, cuya existencia, a salvo los supuestos en que se disponga de una confesión del autor que por sus circunstancias sea creíble, no puede acreditarse normalmente a través de prueba directa, siendo necesario acudir a un juicio de inferencia para afirmar su presencia sobre la base de un razonamiento inductivo construido sobre datos fácticos debidamente acreditados. Esa inferencia debe aparecer de modo expreso en la sentencia y debe ser razonable, de tal manera que la conclusión obtenida acerca de la intención del sujeto surja naturalmente de los datos disponibles. Esa razonabilidad es precisamente el objeto del control casacional cuando la cuestión se plantea como aquí lo hace el recurrente.”



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