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La instrucción que se sigue en el juzgado nº5 de Las Palmas contra el presunto testaferro de Teodoro Obiang en España, Vladimir Kokorev, sigue sumando dilaciones apuntalando así lo escrito por la Audiencia Provincial: “no se ve un horizonte penal para el juicio”.

Con un expediente abierto en la Fiscalía General del Estado por presuntas dilaciones indebidas, a la denuncia que ha llegado hasta Julián Sánchez Melgar (emanada de la Unión Europea) se han sumado -según ha trascendido en los últimos días- retrasos en las comisiones rogatorias a Guinea Ecuatorial y Ucrania, que supuestamente aclararían el lavado de dinero que se investiga, de veinte millones de euros.

Después de que las citadas comisiones se acordaran por la magistrada Ana Isabel de Vega el 8 de agosto de 2017, esas peticiones de auxilio judicial “no han llegado a su destino” y, aún más, “ni siquiera consta que hayan sido libradas”, según escrito de los abogados del jubilado empresario hispano-ruso. La división de Recursos y Relaciones con los Tribunales del Ministerio de Asuntos Exteriores carece de información sobre el paradero de estas comisiones. Y las gestiones para averiguar el estado del trámite en la Subdirección General de Asuntos Jurídicos Consulares, dependiente de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, se encuentra en ‘stand by’.

Ahora, a las dilaciones que afectan a un proceso extendido durante más de una década, hay que sumar el previsible retraso en la comparecencia del ‘testigo estrella’, el abogado Ismael Gerli, residente en Panamá, y que ha sido citado para declarar el próximo 11 de abril. Los abogados de los Kokorev (junto a Vladimir, su esposa e hijo también están afectados por el proceso) se han opuesto a que esta declaración de Gerli se practique como “prueba preconstituida”.

Los letrados recuerdan a la justicia canaria que la prueba preconstituida es “la integrada por aquellas actuaciones sumariales a las que por su imposible reproducción en el juicio se les atribuye eficacia probatoria si han cumplido en su realización las garantías legales de los medios de prueba que se practican en el propio juicio”. En esta ocasión, añaden las defensas, no hay motivos racionales para temer la muerte o incapacidad física o intelectual del testigo antes de la apertura del juicio oral y, por lo tanto, no hay motivo alguno para que la declaración se practique como “prueba preconstituida”.

De manera sorprendente, este testigo (investigado en su país en el pasado por la presunta comisión de delitos contra la fé pública, fraude o estafa), se negó a declarar en su propio país, Panamá, por videoconferencia el pasado 19 de diciembre.

Cuando se acercan los tres años desde que las fuerzas de seguridad se incautaron de material informático en distintos domicilios de la familia Kokorev, la UDYCO sigue sin aportar la copia de los volcados de todos los soportes (portátiles, discos duros, memorias externas, usb’s) intervenidos.

Las instituciones comunitarias han puesto de relieve, en documento que tramita el Comité de Peticiones de la Unión Europea, que la instrucción por presunto blanqueo de 20 millones de euros es ya “dilatadísima” y que “no tiene trazas de concluir”. El caso podría terminar, más pronto que tarde, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.




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