El objetivo de esta nueva ley que modificará en parte la ley vigente que databa del año 2010, es en primer lugar el de adaptar a España a la normativa europea, cuya última directiva 2015/849 del 20 de mayo tenía como plazo de transposición límite la fecha del 26 de junio de 2017. Además el Gobierno aprovechará para incluir algunas de las novedades de la quinta directiva de Blanqueo cuya publicación se prevé en el primer semestre de este año 2018. Esta nueva ley contribuirá a reforzar la lucha contra las distintas formas de delito económico mediante el Blanqueo de Capitales y el freno a la financiación de actividades terroristas.

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