La figura del whistleblower se ha convertido en una pieza fundamental de los programas de Compliance o cumplimiento regulatorio en la empresa. No obstante, debe buscarse en su implementación, para cada caso concreto, el equilibrio entre el bien jurídico que se protege con la materialización del canal de denuncias (la propia administración de justicia, al delatarse ilícitos, y el preservar el honor de la persona jurídica [1]) y el riesgo que comporta para los derechos fundamentales de los intervinientes (Derecho a la intimidad del delator, y derecho al honor y la intimidad del delatado, además del derecho a la protección de los datos personales de ambos).

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