A raíz del aumento progresivo de los casos de concursos en personas físicas, se creó hace relativamente poco la Ley 25/2015, de 28 de julio, la cual regulaba el régimen de segunda oportunidad para las personas físicas que se declarasen insolventes, indistintamente de que fuesen empresarios o no. Si bien es cierto que dicha Ley tenía algunas carencias, la misma supuso un progreso respecto a la protección que hasta entonces daba el artículo 178.2 de la Ley Concursal.