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La Ley 7/2017, de 2 de noviembre, sirvió para incorporar a nuestro ordenamiento la normativa europea destinada a facilitar a los consumidores sistemas de resolución alternativa de litigios, en el sentido de alejar las contiendas en asuntos propios de consumo de la jurisdicción ordinaria. Una solución que debiera agilizar la tramitación y resolución de dichos procedimientos ofreciendo, como señalaba la exposición de motivos de la Ley 7/2017, cauces sencillos, rápidos y gratuitos o de escaso coste. El origen de esa normativa estaba en la Directiva 2013/11/UE, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.



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