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En la práctica totalidad de la normativa mercantil existe un objetivo común que es perseguido por el legislador: la protección de los acreedores.

En el ámbito de las modificaciones estructurales, la Ley 3/2009 sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante, “LME”) establece una serie de mecanismos de protección comunes para la fusión y la escisión de sociedades, así como una protección adicional en las escisiones, donde la seguridad de los acreedores se ve especialmente amenazada al dividirse el patrimonio de la sociedad en cuestión.



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