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Como es conocido, nuestro ordenamiento prevé expresamente, desde 2011, un derecho de separación cuando una sociedad (no cotizada) no reparte dividendos, dentro de unos límites y bajo determinadas condiciones. Se trata de la regla recogida en el art. 348bis LSC (de cuya introducción ya nos hicimos eco en esta publicación de J. ALFARO), cuya tortuosa historia incluye un prolongado período de suspensión en su vigencia. La norma se explica como reacción del legislador frente al problema del atesoramiento abusivo de los beneficios sociales y para una parte de nuestra doctrina no es sino un ejemplo de derecho de separación por justa causa. 



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