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Si bien algunos Estados miembro habían propuesto que en todo concurso de acreedores conlleve el nombramiento de una Administración Concursal, dejando sin facultades al órgano de administración de la sociedad, finalmente se ha optado por mantener la posibilidad de que los Estados miembro decidan. En consecuencia, seguirá siendo posible que el concurso de acreedores suponga la separación del órgano de administración, o su mantenimiento con la intervención de la Administración Concursal nombrada. Ello se debe al sobrecoste que supone la Administración Concursal y que, en algunos casos, no es necesario limitar tanto la capacidad de los administradores existentes.



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