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La sentencia objeto de esta nota proporciona un enorme alivio para un elevado número de sociedades que prestan servicios profesionales con personal contratado o asalariado que, de un tiempo a esta parte, se encuentran bajo la amenaza de ser declaradas disueltas de pleno derecho por registradores que consideran que son sociedades profesionales no adaptadas a la Ley de Sociedades Profesionales (SLP v., la última RDGRN en esta línea que es la de 9 de enero de 2018) y una desautorización de esa doctrina registral que basándose exclusivamente en lo que resulta de la redacción de la cláusula estatutaria, declara de oficio, sin audiencia de parte, la nulidad de pleno derecho de estas sociedades y que justamente ha sido considerada inconstitucional.



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