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En España, la Ley 5/2015 de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, regula dos modalidades de financiación participativa, el Equity Crowdfunding y el Crowdlending, ambas realizadas con la intermediación de las Plataformas de Financiación Participativa (PFP) que son empresas autorizadas por la CNMV para poner en contacto, de manera profesional y a través de páginas web u otros medios electrónicos, a una multitud de inversores, tanto personas físicas como personas jurídicas, con personas físicas o jurídicas (promotores) que buscan financiación para destinarla a un proyecto en concreto.

El Equity Crowdfunding (crowdinvesting) es una modalidad de financiación participativa en la que el promotor debe ser en todo caso una persona jurídica, y los inversores (salvo en el supuesto de la emisión de obligaciones) participan en el capital de la sociedad promotora, es decir, pasan a ser socios de dicha sociedad. A cambio de su aportación económica reciben acciones o participaciones sociales de la sociedad promotora y la rentabilidad de su inversión está ligada al éxito de la sociedad.

Por su parte, el Crowdlending es una modalidad de financiación participativa en la que los inversores conceden un préstamo a la sociedad promotora a cambio de intereses. El/los préstamos concedidos pueden revestir cualquier modalidad, incluso pueden ser préstamos participativos, pero en todo caso siempre debe devengarse un interés.

 

¿Cuáles son las consecuencias de financiarse de una u otra forma?



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