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El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente en Sentencia nº 716/2018 de 19 de diciembre sobre la responsabilidad de un administrador por el impago de una deuda social. Esta deuda que se reclama es anterior a la aparición de la causa de disolución, correspondiente con las retenciones de certificaciones de obra. Así afirma la Sala que el acuerdo por el que se resuelve el contrato de obra y se reconocen las retenciones pendientes de pago, que se haría una vez transcurrido el periodo de garantía, no genera el crédito. De la misma forma que el cumplimiento de la condición suspensiva negativa tampoco lo genera, sino que purifica la obligación, que deviene eficaz. Esta eficacia es retroactiva, al momento de la constitución del nacimiento de la obligación. Por lo que, concluye la improcedencia de la acción individual, al no cumplirse los requisitos legales, toda vez que el mero impago de la deuda social no constituye un comportamiento doloso o culposo, del que pueda derivarse la responsabilidad del administrador.



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