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En su sentencia 656/2017, de 1 de diciembre, el Supremo confirma que la presunción del art. 165.1.2º de la Ley Concursal encarna una de las mejores herramientas con las que cuenta la administración concursal para ejercer adecuadamente sus funciones.

 

Como es sabido, el art. 42 de la Ley Concursal (LC) obliga al deudor concursado a colaborar con el juez y la administración concursal (AC) “en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso”, imponiéndosele el deber de comparecer ante cualquiera de esos dos órganos “cuantas veces sea requerido”. En el caso de que ese deudor sea una persona jurídica, ese deber se extiende, además, a sus administradores, liquidadores y apoderados generales, y a quienes lo hubiesen sido en los dos años anteriores a la declaración de concurso.

Pero una cosa es lo que dice la norma y otra bien distinta la realidad a la que muchas veces se enfrenta la AC.



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