Es peligroso para el sistema jurídico convertir la Ley de Competencia Desleal en una especie de nicho residual donde puedan meterse todas las conductas reprochables socialmente con las que no se sabe qué hacer. Pasó con el régimen de las cláusulas comerciales desleales con los consumidores (Ley 29/2009), con el régimen de contratación de trabajadores extranjeros (Ley 14/2003) y ahora con las prácticas incursas en la prohibición de moratorias de pagos (Ley 18/2022). En relación con la última, la conducta de morosidad «reiterada» en el pago de deudas comerciales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Antimorosidad, constituye una conducta incursa en competencia desleal, si se produce «en el mercado y con fines concurrenciales» (¡). No voy a comentar las posibilidades interpretativas de esta norma, que el Profesor Angel García Vidal ha realizado ya con suficiencia muy recientemente en la Web de publicaciones de GA-P

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