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El derecho laboral recoge, desde el 2009, algunas medidas que pretenden acompañar el tránsito de la mujer trabajadora cuando ya ha sido reconocida como víctima de violencia de género. La activación de las medidas surge de  acreditar la situación ante el empresario, según el Art. 23 de la LOMPIVG, mediante “orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.”



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