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La reciente sentencia dictada el 13 de marzo por el Tribunal Supremo en el caso De Diego Porras cierra el círculo abierto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en septiembre de 2016, en cuya primera sentencia ponía en duda la legalidad de nuestro ordenamiento jurídico en materia de las indemnizaciones diferenciadas ante la extinción de contratos temporales en comparación a los de carácter indefinido. Con ello se confirma la jurisprudencia en la que Grupo Norte ha sido actor principal durante estos últimos años.



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