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Con carácter general, a la hora de calcular el salario regulador de las indemnizaciones por despido, la doctrina judicial mayoritaria excluía de su cómputo las aportaciones empresariales realizadas a favor de los trabajadores para seguros de vida, seguros médicos y planes de pensiones.

La argumentación sostenida por los Juzgados y Tribunales era que, de conformidad con la definición de salario contenida en el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, tales aportaciones tenían la consideración de “mejoras voluntarias de las prestaciones de Seguridad Social” y, en consecuencia, gozaban de naturaleza extrasalarial.



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