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Dentro del proceso laboral el derecho a recurrir está condicionado al cumplimiento de unos requisitos formales establecidos en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), sin que tales exigencias constituyan por sí mismas, lesiones al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ya que, en definitiva, y como ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Constitucional, el derecho a recurrir es un derecho de estricta configuración legal. 

Esto viene a significar que si bien el legislador no viene obligado a diseñar un sistema determinado de recursos, una vez que la Ley ha establecido tal sistema, el derecho al recurso, en los términos y con los requisitos establecidos legalmente, pasa a integrar, en principio, el derecho a la tutela judicial efectiva



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