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Como es sabido, desde el año 2012 se contemplaba en la legislación laboral –concretamente, en el art. 52 d) del Estatuto de los Trabajadores– la posibilidad de proceder al despido de aquellas personas trabajadoras que incurrieran en faltas de asistencia al trabajo, tanto justificadas como injustificadas, que superaran determinados porcentajes.

A pesar de que, como decimos, la medida se venía implantado desde el año 2012, no ha sido hasta fechas recientes, en que se han dictado sentencias relevantes –tales como la del Tribunal Constitucional 118/2019, de 16 de octubre, o como la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de enero de 2018, (asunto “Ruiz Conejero”)–, cuando este tema ha adquirido protagonismo en la opinión pública, a raíz de su aparición en los medios de comunicación.



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