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El TSJ entiende que la sucesión de contratos temporales de distintas clases y denominaciones, bajo diversas coberturas, revela que la finalidad de la contratación es atender a necesidades permanentes, desvirtuando la naturaleza temporal por necesidades perentorias o de la interinidad por vacante, e incurriendo en fraude de Ley; la administración Foral incumple el deber de convocatoria dentro de los tres años que establece la ley 7/2007 de Estatuto Básico del Empleado Público, y los términos de la propia contratación del actor tanto en el contrato originario como en su novación por vacante. Por tanto, se reconoce la competencia de la jurisdicción social para conocer de las cuestiones relativas a la contratación de personal por la administración pública cuando la causa de la contratación no se ajusta a la cobertura habilitante de la normativa administrativa.



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