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La sala de lo Social de Bilbao ha condenado al Departamento de Justicia del Gobierno vasco a indemnizar con 15.000 euros por daños físico-psíquicos y morales a uno de los funcionarios que fueron cambiados de puesto «por el mal ambiente» reinante en el Juzgado de Instrucción número 8, en febrero de 2017. Entiende el magistrado que la Administración incumplió la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que conllevó la aparición de un «conflicto entre el personal».



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